martes, 8 de abril de 2014

Jurisprudencia TSJ 2014 sobre Jurisdicción Aplicable: Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda




Jurisprudencia TSJ 2014 sobre Jurisdicción Aplicable: Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda 


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Tema de Investigación (Venezuela)

Sentencia vinculante de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia sobre Jurisdicción Aplicable en Procesos Arrendaticios y Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda 


Según Sentencia N° 00410 del máximo órgano judicial del Tribunal Supremo de Justicia se establece que...








MAGISTRADA PONENTE: EVELYN MARRERO ORTÍZ

EXP. Nº 2013- 1493

La Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo adjunto al Oficio N°CSCA-2013-009831 de fecha 9 de octubre de 2013, remitió a esta Sala Político Administrativa el expediente de la demanda “contra las vías de hecho” atribuidas a la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA (SUNAVI), interpuesta por el abogado Simón Enrique Quevedo González, inscrito en el INPREABOGADO bajo el Nº 24.790, actuando con el carácter de apoderado judicial del ciudadano JAIRO SUÁREZ HERNÁNDEZ, titular de la cédula de identidad Nº 22.764.767, por haber desalojado a su representado de manera arbitraria junto a su familia de la vivienda que ocupaba en calidad de arrendatario.
La remisión ordenada responde al “conflicto de competencia” planteado por la referida Corte mediante sentencia N° 2013-1383 del 3 de julio de 2013, en la que no aceptó la competencia declinada por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital.
El 29 de octubre de 2013 se dio cuenta en Sala y, por auto de igual fecha, fue designada ponente la Magistrada Evelyn Marrero Ortíz a los fines de decidir la regulación de competencia.
En fecha 14 de enero de 2014 se dejó constancia de la incorporación a la Sala de la Tercera Suplente Magistrada María Carolina Ameliach Villarroel, a fin de suplir temporalmente la falta absoluta de la Magistrada Trina Omaira Zurita. La Sala quedó integrada de la siguiente manera: Presidente, el Magistrado Emiro García Rosas; Vicepresidenta, la Magistrada Evelyn Marrero Ortíz; la Magistrada Suplente, Mónica Misticchio Tortorella; el Magistrado Suplente Emilio Ramos González y la Magistrada Suplente María Carolina Ameliach Villarroel.
Mediante diligencia del 20 de febrero de 2014 la representación judicial del ciudadano Jairo Suárez Hernández, solicitó a la Sala el pronunciamiento correspondiente.
Realizado el estudio del expediente, pasa la Sala a pronunciarse previo a lo cual formula las siguientes consideraciones:
I
ANTECEDENTES
En fecha 20 de diciembre de 2012 el abogado Simón Enrique Quevedo González, actuando con el carácter de apoderado judicial del ciudadano Jairo Suárez Hernández, interpuso ante el Juzgado Superior Sexto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital (actuando en función de distribuidor), una demanda “contra las vías de hecho” atribuidas a la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda (SUNAVI).
Señala en su escrito que, en fecha 1° de diciembre de 2007, su poderdante celebró con el ciudadano Gustavo Adolfo Higuerey González un contrato de arrendamiento sobre un inmueble constituido por dos (2) apartamentos unidos ubicados en la Avenida Principal de la Urbanización El Bosque, Edificio Suzet, piso 2, apartamentos 25 y 27, Municipio Chacao del Estado Miranda.
Indica que en el mes de octubre del 2009 instalaron una agencia del Banco del Sol en la planta baja del edificio Suzet, manifestándole a su representado la Gerencia del referido ente financiero, su interés en adquirir los apartamentos que ocupaba, llegando las partes a un acuerdo para desocupar los dos (2) apartamentos, a cambio de una indemnización por Setecientos Mil Bolívares (Bs. 700.000,00).
Que el 2 de diciembre de 2009 recibió el primer aporte de (Bs. 350.000,00), “siendo firmados dos (2) documentos notariados”, el resto del dinero sería pagado el 30 de enero de 2010 cuando hiciera entrega material de los apartamentos.
Expone que, el 27 de enero del 2012, su representado se encontraba en los referidos inmuebles en compañía de su concubina y aproximadamente a las diez de la mañana (10:00 a.m.) se presentó una ciudadana acompañada de una comisión de la Guardia Nacional Bolivariana, al mando del Capitán Dixon Antonio Duque Cárdenas, quien de manera verbal se identificó como Carmen Cecilia Morante de Ciavaldini, Superintendente de Arrendamiento de Vivienda.
Asegura que la mencionada Superintendente le preguntó al ciudadano Jairo Suárez Hernández si tenía un contrato de alquiler de los apartamentos, mostrándole éste el contrato e informándole que desde agosto-2011 consigna los cánones de arrendamiento ante un Juzgado de Municipio, por negarse a recibirlos la Administradora Hg Factoring Service, C.A.
Afirma que la Superintendente de Arrendamiento de Vivienda le indicó que procedería al desalojo de los apartamentos y exigió que le abrieran la reja.
Denuncia que no le entregaron documento alguno que justificase el procedimiento que pretendían llevar a cabo, y que la Superintendente junto con el personal de apoyo procedió a sacar todos sus bienes muebles.
Que el ciudadano Jairo Suárez Hernández fue sometido a la fuerza por seis (6) efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana, quienes lo golpearon así como a su concubina.
Señala que se llevaron “sus enseres, mobiliario, vestuario, prendas, dinero en efectivo, computadora, equipos otros bienes muebles diversos que se encontraban en el apartamento” en camiones, y le indicaron que lo trasladarían a un apartamento que le había sido asignado en la Urbanización La Limonera, del Municipio Baruta.
Denuncia que fueron lesionados sus derechos “a LA INVIOLABILIDAD DEL DOMICILIO POR AUTORIDAD, INVIOLABILIDAD A LA INTEGRIDAD FÍSICA, PSÍQUICA Y MORAL, INVIOLABILIDAD DEL ESTADO DE LIBERTAD Y LA INVIOLABILIDAD AL DERECHO DE PROPIEDAD Y DE POSESIÓN, consagrados en los artículos 47, 46 numerales 1 Y 4, 44 numeral 1, 115 y 55, todos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con los artículos 184, 175 apartes 1 y 2 y 176 del Código Penal Venezolano; artículos 39, 41, 42 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de la Mujer a una Vida Libre de Violencia y 783, 1579, 1591, 1667, 1615 aparte único del Código Civil de Venezuela y artículos 30 y 32 en su encabezamiento de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y del Adolescente”. (Mayúsculas del escrito).
Destaca que la Superintendente Nacional de Arrendamiento de Vivienda actuó sin una “Orden de Desalojo de Vivienda”, infringiendo normas de rango legal contempladas en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Vivienda.
Solicita el restablecimiento de la situación jurídica infringida a su poderdante y, en consecuencia, éste y su grupo familiar sean puestos nuevamente en posesión de los apartamentos que ocupaban en calidad de arrendatarios; y, de no ser posible la restitución al estado de posesión de dichos inmuebles sean ubicados en otra vivienda en el mismo sector. Asimismo, pide la restitución de sus bienes muebles.
Por auto del 28 de enero de 2013 el Juzgado Superior Tercero en lo  Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, al cual le correspondió el conocimiento de la causa previa distribución, se declaró competente para conocer la demanda, la admitió y ordenó la notificación de la Superintendente Nacional de Arrendamiento de Vivienda (folios 264 al 270 de la pieza N° 1 del expediente).
Mediante sentencia de fecha 30 de mayo de 2013, el mencionado Tribunal se declaró incompetente para conocer la causa y declinó en las Cortes de lo Contencioso Administrativo (folios 292 al 295 de la pieza N° 1 del expediente).
El 20 de junio de 2013 se recibió en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD) de las Cortes de lo Contencioso Administrativo, el expediente contentivo de la demanda.
Por decisión N° 2013-1383 del 3 de julio de 2013 la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo se declaró incompetente para conocer la causa, planteó un conflicto de competencia y ordenó remitir el expediente a la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, conforme a lo establecido en los artículos 70 y 71 del Código de Procedimiento Civil (folios 3 al 16 de la pieza N° 2 del expediente).
II
COMPETENCIA DE LA SALA
Correspondería a esta Sala pronunciarse sobre el “conflicto de competencia” planteado por la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo; no obstante, de la revisión del expediente y del fallo que determinó el referido conflicto se infiere que el asunto sometido al conocimiento de esta Máxima Instancia es una regulación de competencia propuesta -de oficio- por un órgano con competencia en materia contencioso-administrativa.
Precisado lo anterior, pasa la Sala a conocer la regulación de competencia de autos, para lo cual debe atender a lo previsto en los artículos 23, numeral 19 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa; y 26, numeral 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de 2010, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 70 y 71 del Código de Procedimiento Civil.
En este orden de ideas se aprecia que, en el caso bajo examen, la regulación de competencia planteada tiene como objeto dirimir el conflicto suscitado entre elJuzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital y la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, los cuales se declararon incompetentes para conocer la demanda contra las vías de hecho atribuidas a la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda (SUNAVI), interpuesta por el abogado Simón Enrique Quevedo González, actuando con el carácter de apoderado judicial del ciudadano Jairo Suárez Hernández, al haber desalojado de manera arbitraria a su representado con su familia de la vivienda que ocupaba en calidad de arrendatario.
En este orden de ideas, en atención a que ambos Órganos Jurisdiccionales tienen atribuida competencia en materia contencioso-administrativa y siendo esta Sala Político-Administrativa la cúspide de la Jurisdicción, declara su competencia para conocer, conforme con la normativa antes señalada. Así se declara.
III
ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN
Debe esta Sala determinar cuál es el tribunal competente para conocer la demanda contra las vías de hecho atribuidas a la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda interpuesta por el ciudadano Jairo Suárez Hernández, quien fue desalojado de manera arbitraria junto con su familia de la vivienda que ocupaba en calidad de arrendatario. A tal efecto, se observa:
El Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, declaró su incompetencia para conocer en  atención a la materia que regula el órgano al cual se le atribuyen las vías de hecho, en este caso, la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda (SUNAVI). En este sentido, conforme a lo establecido en el numeral 4 del artículo 23 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa señaló que la competencia corresponde a las Cortes de lo Contencioso Administrativo.
Por su parte, la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, órgano jurisdiccional al que le correspondió el conocimiento del asunto, declaró que la competencia está atribuida a los Juzgados Superiores de lo Contencioso Administrativo.
Bajo este contexto, es necesario señalar que el 12 de noviembre de 2011 fue publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.053 Extraordinario, la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda.
El artículo 27 de la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda, dispone lo siguiente:
Artículo 27. La competencia judicial en el Área Metropolitana de Caracas corresponde a los tribunales superiores en lo civil y contencioso administrativo, en lo relativo a la impugnación de los actos administrativos emanados de la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda; y en el resto del país, la competencia corresponde a los juzgados de municipio o los de igual competencia en la localidad de que se trate, en cuyo caso, a tales juzgados del interior de la República se les atribuye la competencia especial contencioso administrativa en materia inquilinaria.
El conocimiento de los demás procedimientos jurisdiccionales, a que se refiere esta Ley, en materia de arrendamiento y subarrendamiento, será competencia de la Jurisdicción Civil Ordinaria”. (Negrillas de la Sala)

De la referida disposición se observa que la competencia para conocer de las impugnaciones ejercida contra los actos administrativos, dictados por la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda en el Área Metropolitana de Caracas corresponde a los Juzgados Superiores en lo Civil y Contencioso Administrativo y, en el resto del país, a los Juzgados de Municipio; mientras que el conocimiento de los demás procedimientos jurisdiccionales a que se refiere dicha Ley, en materia de arrendamiento y subarrendamiento corresponde a la Jurisdicción Civil.
Ahora bien, advierte la Sala que aun cuando en el artículo 27 de la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda no hace referencia a la competencia para conocer los casos de desalojos arbitrarios de inmuebles, cabe destacar que en la oportunidad de interpretar el mencionado artículo la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en la sentencia N° 1269 del 7 de octubre de 2013 señaló que además de estar orientada dicha ley a establecer el régimen jurídico especial de arrendamiento de inmuebles urbanos y suburbanos destinados a vivienda, en el marco de la legislación y política nacional de vivienda y hábitat; con el fin de proteger el valor social de la vivienda como derecho humano y la garantía plena de este derecho a toda la población, la referida Ley está dirigida a erradicar los desalojos arbitrarios . (Vid. sentencia N° 1269 del 7 de octubre de 2013
Sobre la base de lo anterior, estima la Sala que las causas en las cuales se denuncien vías de hecho atribuidas a la aludida Superintendencia debe operar el fuero atrayente a favor de los aludidos Juzgados Superiores.
Determinado lo anterior, se observa en el caso bajo examen que el accionante alega haber sido desalojado arbitrariamente por la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda, del apartamento que ocupaba con su familia en condición de arrendatario, ubicado en la Avenida Principal de la Urbanización El Bosque, Edificio Suzet, piso 2, apartamentos 25 y 27, Municipio Chacao del Estado Bolivariano de Miranda, conforme a lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda; por tal razón, concluye la Sala que el conocimiento de la demanda por vías de hecho atribuidas a la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda, corresponde a los Juzgados Superiores en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, específicamente, al Juzgado Superior Tercero en lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, el cual conoció el caso primero. Así se declara.
IV
DECISIÓN
Conforme a las consideraciones anteriormente señaladas, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara:
1) Que es COMPETENTE para conocer la regulación de competencia planteada;
2) Que corresponde al JUZGADO SUPERIOR TERCERO EN LO CIVIL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN CAPITAL la competencia para conocer y decidir la demanda incoada por el ciudadano JAIRO SUÁREZ HERNÁNDEZ contra las vías de hecho atribuidas a laSUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA, por haber sido desalojado de manera arbitraria junto con su familia de la vivienda que ocupaba en calidad de arrendatario.
Publíquese, regístrese y comuníquese. Remítase el expediente al mencionado Juzgado Superior. Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los veinte (20) días del mes de marzo del año dos mil catorce (2014). Años 203º de la Independencia y 155º de la Federación.


El Presidente
EMIRO GARCÍA ROSAS






La Vicepresidenta - Ponente
EVELYN MARRERO ORTÍZ
La Magistrada
MÓNICA MISTICCHIO
TORTORELLA





El Magistrado
EMILIO RAMOS GONZÁLEZ

La Magistrada
MARÍA CAROLINA AMELIACH VILLARROEL




La Secretaria,
SOFÍA YAMILE GUZMÁN



En veinticinco (25) de marzo del año dos mil catorce, se publicó y registró la anterior sentencia bajo el Nº 00410.



 La Secretaria,
SOFÍA YAMILE GUZMÁN

Próximo Tema de Estudio:


Diferencias entre Contrato Bilateral y Contrato de Adhesión.



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